La mitad de las denuncias por maltrato no prosperan

Sede del PP en Madrid.

• Un concejal del PP de Calvià ha sido detenido por agredir supuestamente a su mujer por lo que se le ha pedido que entregue su acta de concejal.
• El viceconsejero de Participación Ciudadana de Melilla ha dimitido tras conocerse que fue condenado por violencia machista en el año 2006.
• Teléfono gratuito y anónimo de ayuda a víctimas de violencia machista: 016.

La Policía ha detenido este jueves a un concejal del Partido Popular de Calvià por agredir supuestamente a su mujer, a raíz de lo cual el alcalde del municipio mallorquín, Carlos Delgado, va a pedirle con carácter inmediato el acta de concejal y la suspensión de militancia.

Según han informado fuentes del consistorio mallorquín, el concejal es José Montes y ejerce de médico en el centro de atención primaria de Santa Ponça.

Han solicitado que se suspenda de militancia al concejalEl edil fue arrestado este miércoles por la noche después de que el hijo de la mujer, fruto de una anterior relación, denunciara la supuesta agresión a la Policía, y ahora permanece detenido a las dependencias de la Guardia Civil del municipio en espera de prestar declaración.

Las mismas fuentes han indicado que la agresión no parece grave y han destacado la rapidez con la que ha actuado el alcalde al conocer esta mañana los hechos, así como su condena de los mismos. Delgado ha retirado ya al presunto agresor, de nacionalidad cubana, sus responsabilidades como concejal de zona de Santa Ponça, y le reclamará en cuanto pueda que deje su acta de edil.

También pedirá con carácter inmediato a la Junta Regional del PP que suspenda de militancia al concejal sospechoso de haber agredido a su mujer.

Dimisión por una condena

El viceconsejero de Participación Ciudadana de Melilla, Mimon Mehamed, ha renunciado también a su escaño como diputado en la Asamblea autonómica, tras conocerse una condena por violencia machista dictada en el año 2006 por unos hechos ocurridos en 2004 cuando residía en Tenerife.

Lo ocurrido corresponde a unos "hechos ajenos al PP"Así lo ha confirmado este jueves en rueda de prensa el presidente de Melilla y del PP regional, Juan José Imbroda, quien ha manifestado que Mimom Mehamed ha dimitido de "todos sus cargos", al tiempo que ha causado baja en el partido, tal y como establecen los estatutos.

Imbroda ha señalado que lo ocurrido corresponde a unos "hechos ajenos al PP" que han tenido una respuesta inmediata con la salida de Mehamed del Gobierno autonómico y de las listas con las que los populares concurren a las elecciones del 22 de mayo y en las que el ya exviceconsejero ocupaba el puesto 14.

El presidente melillense ha aseverado que desconocía la condena de Mehamed, de la que se enteró el miércoles por la tarde, momento en el que lo llamó para preguntarle sobre la misma. A raíz de la conversación mantenida con el mandatario melillense, Mehamed le presentó la renuncia a todos sus cargos, por lo que no dio lugar a la destitución.

En opinión de Imbroda, el resto de partidos tendrían que seguir el ejemplo y sacar de sus candidaturas a aquellas personas que han sido condenadas, están imputadas o en prisión, tal y como ocurre en los casos de los cabezas de lista de PPL, CPM y PSOE.

221 de Abril de 2011, 20minutos,es

http://www.20minutos.es/noticia/1027408/0/violencia/machista/dimisiones/

La mitad de las denuncias por maltrato no prosperan

Imagen de archivo de una concentración silenciosa contra la violencia machista.

• El 50,3% de los casos acaban archivados por falta de pruebas.
• El número de denuncias ha bajado, pero las muertes siguen aumentando.
• Este año ha habido de momento tres casos mortales de violencia machista.

Las denuncias por violencia de género sufrieron un bajón el año pasado. Aún así, todavía hay muchas en la región (21.195 se abrieron en 2010, cuando en 2009 se superaron las 29.600) y solo la mitad de ellas prosperan, según datos del Consejo General del Poder Judicial.


Hay casos de discusiones con insultos que han querido tramitarse como amenazasEn 2010, el 50,3% de las denuncias por malos tratos se archivaron por falta de pruebas (el 2,2% de forma definitiva y el 48,1% de manera provisional, a la espera de más indicios). Del resto, el 40,4% se elevaron a otro órgano judicial para que se dictara una sentencia y el 9,3% fueron juzgados como faltas, no como delitos. En 2009, el 46,7% de los expedientes se archivaron y el 44% pasaron a otros juzgados. Por otra parte, el número de mujeres muertas en la comunidad por violencia machista aumentó en 2010, al pasar de cinco fallecimientos en 2009 a seis. En lo que va de año ya ha habido tres muertes.


Las razones de tal cantidad de casos archivados varían dependiendo de a quién se consulte. Para Susana Moya, vicepresidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia, hay un exceso de denuncias no justificadas: "En mi despacho nos encontramos con casos de discusiones de pareja con insultos de por medio que han querido tramitarse como amenazas. Y eso no hay quién lo sostenga", afirma.

Difíciles de probar

Sin embargo, para la Asociación de Mujeres Juristas (Themis) el verdadero problema estriba enla incorrecta aplicación de la Ley contra la Violencia de Género: "Hay denuncias claras que se archivan porque no hay forma de acreditar los malos tratos. En estos casos, la propia declaración de la víctima debería valer como prueba si no incurre en contradicciones", explica Ángela Cerrillos, presidenta de Themis. Para Cerrillos, esta sería la principal razón por la que las denuncias bajan: "Está calando  la idea de que hay denuncias falsas, y eso crea un clima dedesprotección para la víctima". En este sentido, ni siquiera proyectos como la concesión del permiso de residencia a mujeres inmigrantes víctimas de malos tratos, han llegado a funcionar.


Está calando  la idea de que hay denuncias falsasPrecisamente para salvaguardar la seguridad de la mujer existen las órdenes de protección, que son dictadas por el juez cuando hay indicios evidentes de amenaza aunque no haya una sentencia condenatoria. En Madrid hay 19.698 órdenes de este tipo (últimos datos de la Delegación del Gobierno). No obstante, solo dos de ellas conllevan una vigilancia permanente de la víctima. El resto se saldan con una entrevista periódica. Esto, para la  presidenta de la Federación de Mujeres Divorciadas, Ana Pérez del Campo, "transmite una imagen de impunidad".

Más de 500 denuncias

Otra razón importante para que haya tantos casos archivados se debe a la propia renuncia de las denunciantes a seguir con el proceso. De las casi 5.000 denuncias presentadas durante el último cuatrimestre de 2010, 555 acabaron retirándose bien por la petición expresa de la mujer o porque ambas partes llegaron a un acuerdo satisfactorio.

29 de Abril, 20minutos.es

http://www.20minutos.es/noticia/1025167/0/denuncias/violencia/machista/

Francisco Navarro: ´No salen a la luz todos los casos de discriminación laboral´

El Presidente del Colegio Profesional de Graduados Sociales de Balears vivió en Ibiza antes de marcharse a estudiar Graduado Social a Mallorca, donde reside en estos momentos.

Francisco Navarro, durante su visita a Ibiza.  MOISÉS COPA

Francisco Navarro Lidón (Murcia, 1965) vivió en Ibiza antes de marcharse a estudiar Graduado Social a Mallorca, donde reside en estos momentos. El presidente del colegio balear de estos asesores jurídicos no descarta crear, en breve, una delegación de la entidad en Ibiza, donde tiene 40 miembros, «más que en algunos colegios», comenta mirando a Marcos Martínez Vicedo, graduado social de Ibiza.

IBIZA | MARTA TORRES —¿Qué es un graduado social?
—Es un experto en derecho del trabajo, en la Seguridad Social, una persona con formación cualificada en esa materia. El trabajo se estructura en varios bloques: asesoramiento de las empresas, de los trabajadores y de los pensionistas de la Seguridad Social. Y no solo asesoramiento, también asistencia en los juzgados cuando es necesario.

—¿Y qué diferencia hay entre un graduado social y un abogado laboralista?
—Pues la diferencia es que el graduado social es un profesional dedicado de forma más específica al derecho del trabajo. Un graduado social está tres años estudiando esta materia mientras que en Derecho se le dedica un año.

—¿Ha cambiado recientemente la labor del graduado social?
—Sí, ha cambiado, sobre todo, por las nuevas tecnologías, que han cambiado de forma radical el sistema de trabajo. De todas maneras, la nuestra es una profesión muy joven, con gente muy preparada y eso no supone ningún problema.

—¿La gente sabe qué labor realizan estos asesores jurídicos?
—Tiende a confundirnos con otras profesiones. No es un gestor, no es un abogado, aunque puede actuar en un juicio, es un experto en derecho laboral. Es una profesión aún desconocida, aunque cada vez más personas nos conocen no por el nombre, sino por la función que hacemos.

—¿Es una profesión con futuro?
—Sí. Siempre habrá conflictos entre los trabajadores y las empresas y siempre deberá haber un profesional para defender los intereses de las partes.

—¿Dedican mucho tiempo a ponerse al día con los cambios en la legislación?
—Sí. Este es un trabajo muy muy vivo. Debes adaptarte a los cambios legislativos y también a los de las nuevas tecnologías aplicadas a la administración, a los nuevos sistemas informáticos y la telemática, que está cada vez más presente en la justicia.

—¿Hay más conflictividad laboral en las Pitiusas que en otros lugares?
—Hay la misma que en Mallorca y en Menorca. Cuando los juzgados tramitan un expediente se hace una labor mediadora, pero las empresas y los trabajadores se cierran en una postura. Está claro que la destrucción de empleo genera más conflictividad. En tiempos de bonanza, las empresas no quieren problemas y se llega a más acuerdos, pero en tiempos de crisis todo el mundo defiende su postura.

—¿Falta cultura de la mediación?
—Sí, es algo que hay que potenciar, cambiar la mentalidad porque durante muchos años no se ha sido proclive y se ha preferido acabar en un juzgado que buscar la mejor solución para las dos partes.

—¿Y es fácil llegar a un acuerdo?
—Es una cuestión de habilidad. Mediamos para convencer a nuestros representados de la mejor opción, aunque hay casos en los que es imposible mediar, como en los de discriminación.

—¿Cada vez tienen más casos?
—Desgraciadamente sí. Despidos por discriminación personal, mobbing y acoso. Cada vez hay más casos, un incremento que está relacionado con la destrucción de empleo.

—¿Hay mucha discriminación?
—Hay más casos de los que parece, pero también llegan muchos que no lo son. El problema es que son situaciones muy difíciles de demostrar, porque no suele haber pruebas. Además, con la situación actual, los trabajadores no son my dados a reconocer en un juzgado lo que han visto. No salen a la luz todos los casos de discriminación que hay.

—¿La casuística de las Pitiusas es diferente a la de otros lugares?
—No, es un poco general. La única peculiaridad es que aquí hay un carácter cíclico debido al trabajo de temporada. Aquí hay muchos fijos discontinuos, una figura que en otras partes de España desconocen.

—¿Tienen muchas consultas por el retraso de la edad de jubilación?
—Hay temor y eso siempre genera más consultas sobre cómo va a afectar. No es un cambio de hoy para mañana y, además, la tendencia es a eso. Cada vez la vida es más larga y habrá que cotizar más para cobrar las pensiones. Milagros no hay.

—¿Es posible reducir la siniestralidad laboral?
—En algunos casos sí y en otros no. Se ha avanzado mucho en prevención de riesgos laborales y se han cambiado los sistemas de trabajo y las normativas. Pero un único accidente laboral que se pueda evitar, ya es mucho.

28 de Abril, Diario de Ibiza

http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2011/04/27/salen-luz-casos-discriminacion-laboral/478080.html

Discriminación laboral

La legislación reconoce el principio de igualdad de trato entendido como la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

¿Que es la Discriminación? 

Discriminación directa: la situación en la que una persona es o ha sido tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga o similar por razón de una causa de discriminación. 

Discriminación indirecta: la situación en la que una disposición legal o reglamentaria, una cláusula convencional o contractual, un pacto individual o una decisión unilateral, aparentemente neutros, ocasiona o puede ocasionar una desventaja particular a una persona respecto de otras por razón de una causa de discriminación, siempre que la diferencia de trato no responda objetivamente a una finalidad legítima y que los medios para la consecución de este objetivo sean adecuados, necesarios y proporcionados. 

Acoso discriminatorio: cualquier conducta no deseada relacionada con una causa de discriminación, que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de una persona y crear un entorno intimidatorio, humillante u ofensivo. 

Orden o Instrucción de Discriminar: Cualquier orden de discriminar dada a una persona por razón de una causa de discriminación se considera en todo caso discriminación. 

IGUALDAD DE TRATO

El artículo 1 del nuevo Tratado de Lisboa proclama como valores fundamentales de la Unión Europea “el respeto de la dignidad humana y el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres” y a cuya efectividad pretende contribuir esta propuesta de Directiva por la que se Implementa el Principio de Igualdad de Trato entre las Personas con Independencia de su Religión o Convicciones, Discapacidad Edad u Orientación Sexual.

Esta propuesta de Directiva tiene por objeto aplicar el principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual fuera del ámbito laboral. La propuesta intenta crear un marco para la aplicación de la prohibición de discriminación por estas causas, estableciendo con ello un nivel mínimo homogéneo de protección en la Unión Europea.

El Estatuto de los Trabajadores garantiza la no discriminación en las relaciones laborales.

En su Artículo 17 señala de forma precisa que se considerarán nulos y sin efecto las reglas, las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del empresario que discriminen a los trabajadores por razones de edad, sexo, origen, estado civil, raza, condición social,ideas religiosas o políticas, adhesióno no a sindicatos, vínculos de parentesco con otros trabajadores en la empresa y lengua dentro del Estado español.

En su Articulo 28, habla de la obligación del empresario a pagar la misma remuneración, tanto a hombres como a mujeres, por la prestacion de un trabajo de igual valor.

Respecto a las causas de despido, el Artículos 55 sice que éste será nulo cuando tenga por móvil a alguna de las causas de discriminación prohibidas en la Constitución Española o en la ley.

La discriminación por razón de sexo sigue siendo la más extendida en todo el mundo laboral, según la OIT. Actualmente en la legistlación española, las actuaciones en materia de discriminación por razón de sexo tienen carácter prioritario respecto a cualquier otra por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de modo que las Direcciones Provinciales están obligadas a inicar las actuaciones inspectoras en 24 horas desde la entrada de la denuncia.

Además desde la entrada en vigor de la Ley de Igualdad, la inspección de Trabajo puede iniciar un procedimiento de oficio ante los Juzgados de lo Social, aunque no haya extendido acta de infracción, con el objeto de corregir cuanto antes la actuación empresarial y fijar para el trabajador afectado una indemnización.

Los trabajadores afectados por una desigualdad de trato pueden presentar su denuncia por vía judicial o administrativa. La norma prevé que la carga de la prueba de los procedimiento civiles y administrativos sea compartida por laparte demandada y la demandante, para que las personas afectadas puedan demostrar su caso con más facilidad.

Si la denunciannte es una trabajadora y la causa de su reivindicación es el hecho de ser mujer, también puede entregar su denuncia en el Instituto de la Mujer, que la derivará directamente a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Formación profesional

La Formación Profesional es un elemento fundamental de la oferta de mano de obra es su calidad o capital humano. Para la maximización del crecimiento económico es necesario disponer de una mano de obra abundante y bien formada, es decir, de un adecuado capital humano. Sólo si se dispone del capital humano adecuado los trabajadores podrán hacer frente a los cambios de las estructuras sectoriales y a los cambios tecnológicos.

Se da el hecho de que de forma simultánea existe un continuado y elevado nivel de paro acompañado de una escasez de mano de obra en algunas ocupaciones. En este caso, los puestos de trabajo existentes no son adecuados para sus demandantes y la movilidad ocupacional necesaria para corregir por medio de la adquisición de las cualificaciones exigidas no estaría funcionando satisfactoriamente.

Si se quiere impulsar el buen funcionamiento de la economía de un país va a ser preciso que el capital humano se adecue a la necesidades existentes y ello es responsabilidad del conjunto del sistema de enseñanza. Al abordar la formación únicamente como instrumento de política activa nos ocupamos sólo de los programas de formación y readaptación profesional que llevan a cabo los poderes públicos.

Los programas de formación y readaptación profesional tienen un punto en común: se destinan a atender las necesidades de aquellos grupos de la población de los que no se han ocupado o se han ocupado insuficientemente la enseñanza y la formación profesional ordinarias o dentro de la empresa. Estos programas sirven para adaptar las cualificaciones profesionales a las necesidades del mercado y, por tanto, desempeñan un papel fundamental en la lucha contra el paro, facilitando la integración de los jóvenes en el mercado de trabajo y la reinserción de los parados de larga duración.

La formación de adultos sin empleo ha sido durante mucho tiempo uno de los principales ejes de la política de mercado de trabajo. Pero la formación dentro de la empresa constituye una fórmula frecuentemente utilizada. Así en ocasiones los poderes públicos subvencionan este tipo de formación de la misma manera que financian la formación impartida en otras instituciones.

Una de las ventajas de la formación dentro de la empresa es que asegura un contacto directo con el mundo del trabajo, de tal forma que cuando una persona es admitida en un curso de formación dentro de la empresa tiene grandes posibilidades de obtener un puesto permanente. Pero a pesar de sus ventajas, la formación dentro de la empresa no puede sustituir todos los tipos de formación en centros especializados que actualmente se ofrecen a los trabajadores con problemas de empleo. Además hay que advertir que la experiencia de los empleadores en materia de formación es muy diferente. Por otra parte, por su misma naturaleza ciertos tipos de formación son difíciles de organizar en las empresas.

Si los programas públicos de formación y readaptación profesional pretenden ser eficaces deben cumplir una serie de requisitos, entre otros:

1 La formación impartida debe adecuarse a los perfiles reales de las cualificaciones que demanda el mercado de trabajo.

2 La formación profesional debe impartirse según las diversas modalidades de instituciones con las que cuenta cada país.

3 Los programas públicos de formación profesional deben impartirse de forma descentralizada, con la participación de los empleadores, los representantes de los sindicatos a nivel local y los responsables de la educación. No hay que olvidar que al igual que los poderes públicos no conocen la naturaleza de las necesidades de capital fijo que tiene una empresa tampoco conocen las necesidades de capital humano, por ello será necesario la colaboración directa entre las autoridades públicas encargadas de poner en marcha los programas de formación y las empresas.

4 Se deben establecer los objetivos claros a alcanzar en los diferentes programas de formación. Estos programas deben tener como premisa la necesaria coordinación entre la oferta pública y la oferta privada de formación.

5 La orientación de la formación profesional ha de evolucionar con el tiempo, con el fin de adaptarse a las necesidades de cada momento.

Los programas públicos de formación están sujetos a una serie de limitaciones:

a) La formación profesional no es una solución para los problemas del mercado de trabajo en el momento presente, sino más bien deben concebirse como una inversión de futuro y

b) No son en ningún caso una solución de repuesto para las lagunas que puedan existir en la acción de los poderes públicos en el campo de la enseñanza general y profesional de tipo escolar, ni para las iniciativas adoptadas por los empleadores para asegurar la formación dentro de la empresa.

Medidas destinadas a los jóvenes: Están comprendidos en ellas los programas especiales destinados a los jóvenes que facilitan la transición de la escuela al trabajo (no engloban la participación de los jóvenes en los programas que van destinados también a adultos). El objetivo es mejorar la situación de los jóvenes en cuanto al empleo, las autoridades hacen frente a dos problemas : el abandono temprano del sistema educativo y la transición de la escuela al trabajo.

Las estrategias más utilizadas son :

a) Aumentar la proporción de jóvenes que siguen estudios secundarios de segundo ciclo.

b) Intensificar y desarrollar la formación dentro de la empresa.

Subvenciones a la creación directa de empleo y a la contratación: Se trata de medidas destinadas a fomentar la contratación de parados y otros grupos específicos en función de las prioridades de la política relacionada con el mercado de trabajo (a excepción de los jóvenes y los incapacitados a los que se les destina un programa específico). Se suelen establecer tres tipos de programas:

a) Subvenciones al empleo permanente en el sector privado.

b) Ayudas a los desempleados que crean nuevas empresas.

c) Creación directa de puestos de trabajo en el sector público.

Las medidas financieras pueden adoptar también otras formas, como una reducción general de las deducciones practicadas sobre los salarios con el fin de incrementar la demanda de mano de obra, o una reducción de los tipos marginales del impuesto sobre la renta para aumentar la oferta de mano de obra.

Las ayudas al empleo permanente en el sector privado son subvenciones a la contratación de trabajadores pertenecientes a grupos específicos. La gran mayoría de los programas adopta la forma de subvenciones a la contratación en favor de grupos objetivos, tienen generalmente carácter temporal y en la mayoría de las ocasiones se pagan en el momento de la contratación, pero

con la condición de que al mismo tiempo no se despida a otros asalariados de la empresa.

Hay que decir que la mayor parte de las ayudas a la contratación se traducen en importantes pérdidas netas; en otras palabras, numerosos empleos subvencionados se habrían creado de todas formas.

La mayoría de los países ofrecen ayudas a los desempleados que crean nuevas empresas y ejercen una actividad independiente. Estas ayudas han sido consideradas desde siempre como una prolongación de los sistemas de prestaciones de desempleo.

Por último, dentro de las ayudas al empleo destaca la creación directa de empleo por parte del sector público. En la mayoría de los programas, las actividades están organizadas por las autoridades locales, pero las financia la administración central. Los problemas administrativos que aparecen perjudican la eficiencia y son imputables en parte a las frecuentes modificaciones de las reglamentaciones. Pero también han contribuido los conflictos de objetivos entre los diversos agentes: a las entidades locales les interesa sobretodo los resultados de los trabajos, más que el aumento del empleo.

Formación profesional

Ángel Gabilondo: “La Formación Profesional es el motor de crecimiento que marca el rumbo hacia un nuevo modelo productivo”

22 de marzo de 2011

{ Ir a marzo }

Inauguración del ciclo de Conferencias “La Formación Profesional en España ante la Estrategia Europa 2020”
Escuche la intervención del Ministro

• Para impulsar estos estudios el Ministerio de Educación ofertará al final de este curso académico 140 títulos de Formación Profesional
• La Ley de Economía Sostenible y su Ley Complementaria, aprobadas recientemente en el Congreso, servirán además para ahondar en la necesaria flexibilidad del sistema
• El ministro de Educación asegura que la “educación, la formación y el empleo son inseparables para contribuir a la empleabilidad”

El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha defendido hoy la importancia de los estudios de Formación Profesional como “motor de crecimiento” para orientar a nuestro país hacia un nuevo modelo productivo “más sostenible y más solidario”.
Así lo ha manifestado durante la inauguración del ciclo de conferencias “La Formación Profesional en España ante la Estrategia Europa 2020” que organiza la Fundación Ramón Areces, en colaboración con la Fundación Europea Sociedad y Educación, y que tiene como objetivo difundir entre la ciudadanía la importancia de este tipo de estudios ante el actual escenario de cambio en el modelo económico y la intensificación de la competitividad y la innovación futuras de Europa.
Durante su comparecencia, el ministro de Educación, ha estado acompañado por el director de la Fundación Ramón Areces, Raimundo Pérez-Hernández, y por el presidente de la Fundación Europea Sociedad y Educación, Miguel Ángel Sancho, responsables ambos de la organización de este ciclo de conferencias.
Bajo el título “Europa y España ante el reto de la Formación Profesional”, el ministro de Educación ha impartido una conferencia centrada en analizar la situación actual de la FP en el ámbito europeo y español, al mismo tiempo que en destacar que la “Educación y la Formación son el pilar básico del desarrollo personal y profesional, esenciales ambos para la cohesión social y el bienestar”.
Gabilondo ha insistido en que “la Educación es la mejor política social y la mejor política económica y, en consecuencia, debe situarse en el corazón de la Economía”. En esta línea, ha hecho hincapié en la importancia de la “Educación, la formación y el empleo” como elementos “inseparables” para contribuir a la empleabilidad en nuestro país.
Para contribuir a esta empleabilidad, el ministro de Educación ha incidido en la importancia de las medidas que se están poniendo en funcionamiento para potenciar la FP. Así, ha destacado el proceso de evaluación y reconocimiento de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral que tendrá lugar en las próximas semanas. Gabilondo ha adelantado que algo más de 50.000 personas se podrán ver beneficiadas por esta iniciativa, y que afectará principalmente a aquellos que hayan desarrollado su actividad profesional en los ámbitos de la Educación Infantil y de la ayuda a las personas dependientes.
Además, ha recordado que la Ley de Economía Sostenible y su Ley Complementaria, recientemente aprobadas en el Congreso, van a servir para dar la flexibilidad necesaria que el sistema educativo necesita, especialmente en el ámbito de la Formación Profesional. Así, se están desarrollando los Reales Decretos que van a permitir “una mayor fluidez entre los distintos niveles y etapas, especialmente entre FP y Bachillerato, entre FP de Grado Medio y Grado Superior, y entre ésta y la Universidad”.
En esta legislación se contempla, además, la elaboración y actualización de los títulos de Formación Profesional con el fin de vincular las demandas del actual marco laboral con las demandas sociales. En la actualidad son 61 los títulos ofertados, aunque se espera que a finales de este curso esa cifra alcance los 140. “Se trata de responder a las necesidades de la sociedad del conocimiento basado en la competitividad, la empleabilidad, la movilidad laboral y el fomento de la cohesión y la inserción social”, ha afirmado el ministro de Educación.
Con el fin de responder a los cambios en la demanda de cualificación de los sectores productivos, Gabilondo ha explicado que se va a impulsar la creación de una Red de centros de Referencia nacional especializados en distintas familias profesionales, cuya finalidad es facilitar una FP más competitiva, “ser referente orientador para el sector productivo y formativo, dirigido a la experimentación e innovación en materia de FP”.
Otro de los objetivos que tiene la nueva Formación Profesional es favorecer la movilidad de los estudiantes, tanto a nivel nacional como europeo, ante lo que resulta determinante la puesta en marcha de una Plataforma on line destinada a impartir títulos de FP a distancia con el fin de que se puedan compatibilizar los estudios con un desempeño profesional, al mismo tiempo que se favorece el acceso de todos los ciudadanos a la educación.
Con el fin de atender las necesidades de los ciudadanos resulta fundamental la orientación y la información sobre los estudios de Formación Profesional, por eso el Ministerio de Educación pone a su disposición el Portal Todo FP (http://www.todofp.es/ ), página web donde encontrar información sobre las titulaciones que se ofertan, las salidas profesionales de las mismas, o el proceso de acreditación de competencias profesionales. Este portal, que lleva en funcionamiento desde el pasado mes de diciembre, ha recibido hasta el día de hoy más de dos millones de visitas.
El ministro de Educación ha dedicado también parte de su intervención a hablar de uno de los objetivos fundamentales de su departamento, la lucha contra el abandono escolar. Gabilondo ha recordado que el compromiso de España, tal y como se estableció durante la Presidencia de la UE en 2010, es alcanzar el 15% durante el año 2020, con una media de reducción anual del 3%. Para lograr este objetivo ha destacado la importancia de flexibilizar el acceso a los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). A partir de ahora, gracias a la LES, se rebaja el acceso a los mismos hasta los 15 años de edad con el fin de “evitar el abandono y dotar a los jóvenes de instrumentos para la inserción laboral”.
Gabilondo ha insistido en que la Formación Profesional tiene como objetivo principal “contribuir a la empleabilidad, al crecimiento económico, al mismo tiempo que responder a los desafíos sociales, así como a la promoción de la cohesión social”.
Todo esto en un contexto europeo que se fija como objetivos para 2020 que se conformen unos sistemas europeos de Formación Profesional más atractivos, atentos a las innovaciones en el ámbito laboral y profesional, innovadores, accesibles y flexibles con sistemas de cualificación en los que se incrementen sensiblemente las oportunidades para la movilidad tanto de estudiantes como de los profesionales.
Escuche la intervención del ministro

Politica de empleo

Durante mucho tiempo la política de mercado de trabajo tenía un carácter pasivo y social y se dirigía más a preservar los ingresos de los trabajadores en paro que a utilizar los recursos disponibles para abordar los problemas fundamentales del mercado de trabajo. Sin embargo, a medida que las autoridades económicas comprobaron que el problema del desempleo no era algo meramente coyuntural, fueron adoptando distintos programas en los que no sólo se trataba de poner remedio a los efectos sociales del desempleo, sino también a aumentar las oportunidades de los parados de encontrar empleo, a la vez que mejorar el funcionamiento de este mercado.

Este conjunto de medidas es lo que se a calificado como política activa de mercado de trabajo.

Clasificación: El amplio abanico de medidas que se engloban bajo la denominación de política activa de mercado de trabajo se puede articular en torno a cinco grandes categorías de programas:

Servicios públicos de empleo

Formación profesional

Medidas destinadas a los jóvenes

Medidas de ayuda a la creación directa de empleo y a la contratación

Medidas en favor de los minusválidos.

El Servicio Público de Empleo (SPE) actúa, por un lado, como agente intermediador en el mercado de trabajo y, por otro, como el agente encargado de gestionar y poner en práctica buena parte de la política de empleo diseñada por el Gobierno, tanto en su vertiente pasiva de protección social al desempleo, como en su vertiente activa de ayuda a la creación de empleo.

El servicio público de empleo debe intervenir para facilitar la búsqueda de un empleo y la colocación, de manera que se reduzca lo máximo posible el período de desempleo y el pago de subsidios.

En cuanto a las agencias privadas su papel sigue siendo complementario y se concentra en ciertos sectores de trabajo. Por ello, la actuación del servicio público de empleo constituye un factor clave para asegurar un funcionamiento eficiente del mecanismo de intermediación del mercado de trabajo. Los servicios públicos de empleo se esfuerzan por cubrir una parte del mercado de trabajo lo más amplia posible. Pero en la práctica esa ambición tropieza con el alto nivel de desempleo y con la limitación de sus recursos.

La persistencia de elevadas tasas de desempleo ha llevado a las autoridades económicas de la mayor parte de los países a incrementar los gastos destinados al mercado de trabajo y, en particular, lo que se denomina “medidas activas”. No obstante, aunque los programas activos del mercado de trabajo tienen como objetivo último luchar contra el desempleo mediante la mejora del funcionamiento del mercado de trabajo, también introducen otro tipo de distorsiones, por lo que resulta necesario saber cuáles son sus efectos económicos y sociales.

Las medidas activas sobre el mercado de trabajo tienen dos grandes tipos de efectos económicos:

1º. Microeconómicos: Tienen repercusión en los grupos a los que van dirigidos, alternando la estructura del empleo a favor de determinados grupos de trabajo.

2º. Macroeconómicos: No sólo alteran la estructura del empleo a favor de determinados grupos de trabajadores, sino que también influyen en la relación entre inflación y paro.